El ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila, fue denunciado penalmente de ser responsable de tres supuestas acciones, y de haber incurrido, en ese contexto, en la presunta comisión de cinco delitos.

La presentación fue efectuada por la empleada judicial Alejandra Martínez Romero, con patrocinio del abogado Gustavo Morales. En el escrito ante el fiscal regional del Centro Judicial de la Capital, Mariano Fernández, plantea que Navarro Dávila se encontraría “utilizando ilegalmente” tanto “personal como bienes materiales asignados por el Estado al Ministerio Pupilar y de la Defensa” para “la construcción de una vivienda” particular. Según la denuncia, se trata de un inmueble adquirido por el funcionario judicial en Tafí del Valle, en el barrio privado “Los Alisos”, en un lote de poco más de 2.900 metros cuadrados de superficie.

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“Los materiales que se desvían para beneficio personal de Navarro Dávila con la construcción del inmueble en Tafí del Valle están legalmente asignados a una obra de las defensorías penales de Laprida 1.074 de San Miguel de Tucumán”, dice el escrito.

“Los materiales de construcción que adquiere el Ministerio Pupilar y de la Defensa son comprados en el corralón Del Pero, cuyo personal en varias oportunidades procede a dejarlos en el domicilio particular de Navarro Dávila en Tafi del Valle”, aseveran Martínez Romero y Morales.

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“El recorrido del personal y de los bienes del Ministerio Pupilar y de la Defensa hasta llegar al inmueble (tafinisto) empieza con el traslado por el chofer Pablo Mamaní a un galpón del suegro del secretario administrativo del Ministerio, Federico Vinocour, en Rivadavia y Chile”, agregan.

Cochera

Un segundo inmueble es objeto de la denuncia de Martínez Romero y Morales. Es el ubicado en Salta 260 de la Capital, que -según la empleada judicial y el abogado- Navarro Dávila alquila, en su condición de ministro Pupilar y de la Defensa, “a través de una ‘contratación directa’, según el acuerdo 33/21 del Tribunal de Cuentas, por un monto de $ 8,9 millones, más IVA, por el lapso de 36 meses”.

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“Esa ‘contratación directa’ se hace para ocultar maliciosamente que una de las propietarias del inmueble alquilado es Alejandra María del Carmen Lebrón de Rojas (…), quien es suegra de la secretaria institucional del Ministerio Pupilar y de la Defensa, María Laura Gutiérrez”, afirman.

Obras

A esta acción agregan una tercera. El objeto del contrato de locación del inmueble de Salta 260, según se sostiene en la presentación judicial, es para el estacionamiento de los vehículos de la dependencia judicial, según -citan- la Resolución 31/12 del 18 de enero de 2021. “Sin embargo, el ministro Pupilar y de la Defensa ordena que se ejecuten obras consistentes en refacciones, construcciones de oficinas y colocación de un nuevo techo, sin declarar todo ello ante el Tribunal de Cuentas, imposibilitando al organismo de control el ejercicio, por lo menos, de un contralor preventivo”. Según los denunciantes, esto provoca “una erogación ilegal e innecesaria al Ministerio Pupilar y de la Defensa, producto de sumas millonarias”.

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Sostienen Martínez Romero y Morales que estas presuntas obras serían realizadas “por integrantes de la empresa ACSO – Soluciones Técnicas de Calidad”. La firma, consignan, da a conocer públicamente que cuenta entre sus clientes al Ministerio Pupilar y de la Defensa.

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Estos trabajos de construcción, según el escrito, habrían sido objeto de cuestionamientos en tres oportunidades ante la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, presuntamente por carecer de permisos de obra. “Pero no se efectivizan las clausuras correspondientes porque lo impide el funcionario municipal Juan Siviardo Gutiérrez, padre de la secretaria institucional del Ministerio Pupilar y de la Defensa. También Navarro Dávila obstaculiza la realización de las clausuras, pues ostenta su cargo para intimidar a los inspectores municipales”, manifiestan.

En virtud de estas supuestas acciones, Martínez Romero y Morales denuncia a Navarro Dávila por la presunta comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado de bienes y servicios y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Todo ello, en calidad de autor material y en concurso real.

El concurso real no se trata de un hecho único sino de una pluralidad independiente de conductas presuntamente delictivas, realizadas por una misma persona y encuadrables en una o varias figuras penales. Y admite como condena la sumatoria de las penas máximas previstas para cada tipo penal.

Paralelamente, denuncian a la secretaria institucional Laura Gutiérrez, al secretario administrativo Federico Vinocour y al chofer Pablo Mamaní de ser presuntos partícipes necesarios en la supuesta comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, violación de los deberes de funcionario público, peculado de bienes y servicios.

“Es una falsa denuncia”: el funcionario, a disposición del fiscal

Consultado por LA GACETA respecto de la denuncia formulada en su contra, el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila, rechazó las acusaciones formuladas por la empleada judicial Alejandra Martínez Romero, patrocinada por el abogado Gustavo Morales. Anticipó que se pondrá a disposición de la Justicia, pero no brindó mayores detalles porque, justificó, se encuentra fuera de la provincia. “Me encuentro viajando a San Juan y volveré el domingo. Inmediatamente a mi regreso, me pondré a disposición de la Fiscalía para que pueda practicar todas las medidas que considere pertinentes; compulsar todas las documentaciones y realizar las inspecciones necesarias para poder tener el legajo completo, en donde va a quedar demostrado que todo es una falsa denuncia”, sostuvo el funcionario judicial, en un texto enviado a este diario. La denuncia fue presentada ante el fiscal regional del Centro Judicial de la Capital, Mariano Fernández, porque en el Código Procesal Penal vigente es quien tiene las atribuciones de investigar a ciudadanos que desempeñen funciones públicas que cuentan con privilegios procesales inherentes al cargo, como es el caso del ministro Pupilar y de la Defensa.